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La Feria. Consulta popular y derechos humanos visto desde Isaiah Berlin y la ausencia de principa iuris

 

 

 

 

 

Por: Fernando Joaquín Monroy Cárdenas

 

La semana pasada, el consejo General del Instituto de Participación Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó por unanimidad la consulta popular relativo a la Ciclovía en bulevar Marcelino García Barragán. El ciudadano José Francisco Sahagún Neri ha sido el promovente quien activó la consulta en conjunto con el 0.1 por ciento de los habitantes, es decir, unas  dos mil firmas de los vecinos de las colonias “Atlas, Olímpica, Unidad Modelo, Patronato de la Habitación Número 1, Jardines del Rosario, Universitaria, Obrera, Quinta Velarde, El Rosario, San Carlos, Rancho Blanco y Bosques de Boulevard”[1].

Mediante la consulta popular los habitantes “expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social”, según el artículo 440 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Aunque en dicho código no se menciona si son vinculantes los resultados, la autoridad menciona que no.[2] La pregunta que se someterá a consideración es: ¿Debe permanecer la ciclovía en el bulevar Marcelino García Barragán?

Por su parte, diversos colectivos ciclistas, entre ellos GDL en Bici, se quejaron de que la consulta es contrario al artículo 387, párrafo 2 que dispone que los instrumentos de participación social no podrán ser “usados para disminuir o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos humanos”, porque la consulta lacera los derechos adquiridos de los ciclistas para “disfrutar de una movilidad segura y preferencial antes que el transporte público y particular”, además de obligar a la autoridad a crear vías de circulación exclusivas para los ciclistas, según el artículo 12, fracción I y II del a Ley de movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Los que están en contra de la ciclovía es porque ella colapsaría la salida de los vehículos por esa vialidad y piden un diseño que no reduzca los carriles para los automóviles y se construya la ciclovía en el camellón[3]. Sus razones apuntan a reducir el espacio a los peatones y ciclistas, pero hay algo que la autoridad sí debe entender: no se puede implementar políticas públicas de este tipo sin consultar a los habitantes.

Lejos de si la consulta es vinculatoria, este embrollo recuerda los argumentos que Isaiah Berlin (2006, p. 73) vertió sobre las ideas de Rousseau, en particular la idea de la libertad absoluta que conduce al despotismo absoluto. El dilema es que, por una parte, los individuos tienen el derecho de elegir, porque si no existe la elección no son libres y, por otra, los individuos deben elegir lo que es bueno. Para Rousseau el dilema se resuelve decidiendo lo que proclama la asamblea, para Berlin éste es el instrumento que lo ha convertido a Rousseau en un traidor de la libertad. Mientras los que están en contra de la ciclovía se pueden cobijar sobre esta forma de libertad absoluta, vox populi, vox dei, y, en cambio, la autoridad se cobija sobre la idea del despotismo absoluto, sólo ellos saben lo que es bueno para el ciudadano. En medio están los peatones y ciclistas.

Desde mi punto de vista, los ciclistas tienen mucho a favor. Es claro que en efecto sí se atenta contra los derechos adquiridos y las obligaciones de la autoridad para garantizarlos. Derechos sin garantías son letra muerta. El hecho que se promueva una consulta popular y que la autoridad, el IEPC, no exponga los argumentos para ponderar dos derechos en conflicto: el de movilidad, que se ejerce de forma continua,  y el de consulta popular, que se ejerce espontáneamente, reduce a la institución a un mero técnico del derecho que ignora el contenido de las normas y lo que Ferrajoli ha llamado el principa iuris: “formular las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad de los derechos reconocidos(Ferrajoli, 2002, p. 16).

Por supuesto, que la ley otorga esa responsabilidad a la autoridad a la que se dirige la consulta, según lo dispuesto en el artículo 444 del código citado, sin embargo, a pesar de que está dispuesto en el artículo primero constitucional, quizá la única autoridad capaz de resolver este conflicto entre derechos sea la Suprema Corte en su calidad de Tribunal constitucional. Entonces, no es responsabilidad de la autoridad, sino por el diseño de la ley.

De cualquier manera, en este sentido, sería bueno que la autoridad colocara una nueva dimensión para convocar a los legitimados en participar en la consulta: a) los habitantes asentados en un territorio y b) los usuarios de la ciclovía, que parecen no tener ventaja alguna para participar en la consulta, Además de resolver la naturaleza del bien público, la calle, sobre si esta es susceptible a ser motivo de consulta a fin de proteger el derecho al libre tránsito, dado a las personas, no a los automóviles. A veces los mecanismos de democracia directa pueden ser instituciones suicidas.

 

Referencias:

Berlin, I. (2006). La traición a la libertad. Seis enemigos de la libertad humana. (FCE). México.

Ferrajoli, L. (2002). Juspositivismo crítico y democracia constitucional. Isonomía, (16), 7–20. Retrieved from http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/juspositivismo-crtico-y-democracia-constitucional-0/

Notas al pie:

[1] Comunicado 14/2017. Revisado en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sala-de-prensa/boletines/comunicado-142017

[2] Ítem

[3] Vecinos de la ciclovía en García Barragán reúnen firmas para que el proyecto se someta a consulta popular. Revisado en: http://udgtv.com/noticias/jalisco/vecinos-de-la-ciclovia-en-garcia-barragan-reunen-firmas-para-que-el-proyecto-se-someta-a-consulta-popular/

Fernando Joaquín Monroy Cárdenas (1984) es politólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Se especializa en temas de transparencia, elecciones, seguridad nacional y estadística. “La Feria” pretende ser un espacio de opinión informada sobre el mundo de la vida con algún sustento teórico.

Tw: @joakhin4

Las opiniones son de carácter estrictamente personal y no reflejan necesariamente el punto de vista del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C.

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