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¿Por qué no tenemos fiscal anticorrupción?

 

 

 

 

Por Gerardo Aguilar

De acuerdo con el Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), dentro del año siguiente a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a fin de dar lugar a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), esto es, el próximo 18 de junio.

Tal y como lo establece dicha ley, al SNA lo integran el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción. De estos, el de mayor envergadura dentro del SNA es el Comité Coordinador, puesto que “es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.

En ese sentido, dicho comité está conformado por un integrante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De las anteriores instancias, la única que a la fecha se mantiene acéfala, es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Veamos por qué.

El fiscal anticorrupción, el fiscal especial en Materia de Delitos Electorales y la propia Fiscalía General de la República, son producto de la reforma político electoral de 2014, donde se reformó el artículo 102 de nuestra Carta Magna para quedar como sigue: “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio” y además determinar, en el párrafo segundo de la fracción VI, del inciso A, que la Fiscalía General cuente con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares son nombrados y removidos por el fiscal general de la República.

No obstante, y atendiendo a las antinomias que suelen dejar pasar nuestros legisladores, el Décimo Octavo transitorio de la misma reforma señala que el Senado de la República, a partir de entrado en vigor el Decreto de reforma, nombra, por las dos terceras partes de su miembros presentes, a ambos titulares de fiscalías especializadas. En consecuencia, el fiscal en materia de delitos electorales fue nombrado el 19 de febrero de 2015, pero a la fecha, el fiscal anticorrupción sigue sin ser nombrado, aun cuando la Procuraduría General de la República ha cumplido con su obligación constitucional de emitir el acuerdo A/011/14 de creación de la fiscalía y para colmo, ha tenido el tiempo (1,132 días) para reformarlo a través del acuerdo A/029/17 que modifica las atribuciones y facultades de una inexistente institución.

Como sentencian algunos especialistas, el nombramiento está dormido en el Senado porque se está negociando la mayoría legislativa para el “pase automático” de procurador general de la República a fiscal general, por la correspondiente al nombramiento del fiscal anticorrupción. Mas, ambas circunstancias tarde o temprano tendrán que darse, puesto que así lo mandata la Constitución.

Podemos esperar que el SNA inicie formalmente sin una de sus piedras angulares; la Fiscalía Anticorrupción, y no por una situación extraordinaria o catastrófica que haya impedido al Senado cumplir la Constitución y las leyes, no, sino porque el interés político y los acuerdos mezquinos entre bancadas partidistas superan al interés de nación, y a las peticiones reiteradas de la sociedad civil para que esa Cámara realice tal nombramiento.

Es más, son tan grandes los intereses que hay de por medio para no realizar nombramientos o modificar las leyes y la Constitución, que nuestros legisladores llegan a simular amnesia al exigir reformar algo que ellos mismos concienzudamente aprobaron meses atrás. Baste decir que si lo que se buscaba desde un principio era autonomía plena para dicha fiscalía, lo mejor hubiera sido descentralizarla de la nueva Fiscalía General y dotarla de personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio sin dejar de depender de la Fiscalía General, puesto que ejercerá funciones de ministerio público; más aún, facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley que regule su estructura orgánica, atribuciones y facultades y no delegarlo a acuerdos emitidos por la Procuraduría General de la República.

Otro ejemplo: si de lo que se precisa es de independencia total del fiscal general con el actual presidente de la República, lo correcto era no establecer el “pase automático” del titular a la nueva institución, sino inhabilitar al actual procurador como aspirante y elaborar un sucinto procedimiento con la mayor participación posible de la sociedad.

Las legítimas instituciones las crean estadistas, no políticos que piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, rememorando a Churchill.

Gerardo Aguilar es politólogo por la Universidad de Guadalajara.

Contacto: @VillegasGAV.

Las opiniones son de carácter estrictamente personal y no reflejan necesariamente el punto de vista del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C.

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (19 de Mayo de 2017). Obtenido de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

Diario Oficial de la Federación. (20 de Mayo de 2017). Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (19 de Mayo de 2017). Obtenido de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

Nácar, J. (20 de Mayo de 2017). El proceso para designar fiscal “se echó a perder”. Obtenido de Eje Central: http://www.ejecentral.com.mx/semanario-50/

Reformas Constitucionales por Artículo. (19 de Mayo de 2017). Obtenido de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

Xantomila, G. (20 de Mayo de 2017). Demandan al Senado elegir Fiscal Anticorrupción. Obtenido de El Sol de México: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/662769-demandan-al-senado-elegir-fiscal-anticorrupcion

 

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