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Ratificación de mandato, lo que irrita

¿Por qué el Ayuntamiento decide gastar en procesos de participación ciudadana? cuando el Instituto Electoral y de Participación Social recibe presupuesto para financiar los ejercicios en esta materia.

 

 

 

 

 

 

Por Miriam Leticia Sánchez Muñoz

Reflexiones sobre la falacia

del  pretendido

ejercicio de participación ciudadana.

La participación ciudadana es la práctica en que los ciudadanos se involucran en un ejercicio democrático, y son ellos: con su voz, con su voto, la pieza clave para la toma de decisiones del ámbito público. Dicho de otro modo, se trata de decisiones colectivas como resultado del sufragio popular.

La Ratificación de Mandato promovida por los alcaldes del partido Movimiento Ciudadano se llevará a cabo el próximo domingo 27 de Agosto y su propósito es conocer si sus gobernados aprueban o no la gestión de su alcalde. El partido político describe al ejercicio de la siguiente manera:

Si un gobernante no funciona, tiene que irse; para ello, a la mitad del mandato del gobernante en cuestión, los ciudadanos podrán votar para decidir si quieren que un presidente municipal se quede en el cargo o se vaya.

Dicho lo anterior, daré inicio a una serie de razonamientos en la que fundamento la simulación del ejercicio democrático que se orienta a propósitos mediáticos y de promoción política, ante  la próxima contienda electoral.

Advierto al lector, que se trata de una serie de argumentaciones que me obligó a redactar un texto relativamente extenso, sin embargo, te invito a leer las 6 reflexiones en las que intento argumentar por qué afirmo que la Ratificación de Mandato es un ejercicio de simulación e ilegalidad.

  1. La ratificación de mandato está fuera del marco legal

 La Constitución Política del Estado de Jalisco y el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco reconocen 12 instrumentos de participación social, de los cuales ninguno se describe como Ratificación de Mandato. En todo caso, sí existe un instrumento que atiende el mismo propósito llamado “Revocación de Mandato”. Éste último, por encontrarse bien definido dentro de un marco legal,  sí garantiza la ejecución de la voluntad popular.

Con la revocación de mandato se otorga el derecho y la posibilidad al pueblo, de retirar a sus autoridades incompetentes del cargo, antes de que concluya su gestión. No se limita a la posibilidad de destituir solo a los alcaldes (la ratificación de mandato sí es limitativa) todo aquel cargo público de elección popular puede ser sujeto a este proceso.

En resumen, la ratificación de mandato no está reconocida en la carta magna ni en el código que rige la materia electoral y la participación social en Jalisco. Por lo que dicho ejercicio está fuera del marco legal en un entendido de jerarquía de leyes en nuestro estado.

  1. El Ayuntamiento es juez y parte

La ratificación de mandato es un ejercicio que no es coordinado ni ejecutado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por tanto, el Ayuntamiento es diseñador y ejecutor se su propia evaluación.

La instalación y distribución de casillas para emitir el voto atiende a criterios  discrecionales, el diseño de la boleta, sus contenidos, inclusive el número de boletas impresas obedecen a un sentido de conveniencias más que a razonamientos lógicos o democráticos.

  1. No todos pueden participar, rompe el principio de universalidad

 Para el ejercicio del 27 de agosto en Guadalajara, el Ayuntamiento imprimió 165 mil boletas que serán distribuidas en 275 casillas. Sin embargo, cabe señalar, que en la ciudad, son más de 1´700,000 los ciudadanos que tienen el derecho y la posibilidad de votar (Listado Nominal INE -agosto 2017).

De los ciudadanos que podrían estar interesados en participar, que tienen el derecho de participar, que quieran decidir sobre la permanencia de quien dirige el rumbo de su ciudad, aproximadamente solo el 15% podrá hacerlo; rompiendo por completo el principio de universalidad del sufragio, y más grave aún,  violando el derecho del resto de los ciudadanos que no podrán votar (85% de los electores) por la insuficiencia de boletas y escasa logística.

Expuesto lo anterior, la bondad del ejercicio de participación ciudadana es transformada en un acto indiscutible de discriminación y atropello a los derechos humanos, políticos y sociales de la mayoría de tapatíos.

  1. Gastos electorales innecesarios e irresponsables

Serán 3 millones de pesos los que el Ayuntamiento de Guadalajara gastará en el proceso de ratificación de mandato de 2017. Tres millones de dinero público que el Alcalde bien podría invertir en causas sociales urgidas de presupuesto.

Las interrogantes empiezan a surgir cuando se reflexiona el ¿por qué el Ayuntamiento decide gastar en procesos de participación ciudadana? cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibe presupuesto para financiar los ejercicios en esta materia. Y más aún, ¿por qué no utilizan las urnas electrónicas que tiene el IEPC para la emisión del voto?

  1. Resultados no vinculatorios

La autoridad electoral en el estado queda fuera del pretendido ejercicio de participación ciudadana en la ratificación de mandato.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana claramente define al IEPC como el depositario de la autoridad electoral y de participación social (Art. 114). Luego entonces, el Ayuntamiento como juez y parte de su propia evaluación, carece de atribuciones para que los resultados de la ratificación se lleven a cabo.

El reglamento municipal en materia de participación ciudadana del municipio de Guadalajara menciona que si los resultados de la votación decretan no ratificar al actual alcalde, y que por ello deba retirarse, éste habrá de solicitar una licencia por tiempo indefinido, ergo, los regidores elegirán al presidente municipal substituto. Sin embargo, la elección de presidente municipal substituto solo puede darse bajo ciertas causales, dentro de las cuales no se encuentra contemplada la “NO RATIFICACIÓN DE MANDATO” de un alcalde.

  1. ¿Qué pasa si NO LO RATIFICAN?

En un escenario en el que la mayoría de los votos obtenidos de la ratificación de mandato determinara que la voluntad popular es la no ratificación de su alcalde, nos obligaría a poner en discusión si la voluntad popular de una minoría tiene los alcances suficientes para quitar del cargo al presidente municipal,  lo explico puntualmente:

  1. Los cargos de elección popular son irrenunciables, por tal razón, los alcaldes quedan impedidos de renunciar a su encargo.
  2. En un intento de hacer posible la retirada de un alcalde, antes de que concluya su gestión y evitando que ésta sea por la vía legalmente establecida en Constitución Política de Jalisco y en el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco (revocación de mandato), el Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara señala que el Presidente Municipal presentará su solicitud de licencia al cargo por tiempo indefinido y quedará en calidad de depósito a reserva del resultado de la ratificación de mandato (Art.324).
  3. Si el resultado del escrutinio es quitar al alcalde, se seguirá el trámite de la licencia por tiempo indefinido y se llevará a cabo el nombramiento de un PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO (Art. 332)

Sin embargo, hay que señalar que para llevar a cabo el nombramiento de un presidente municipal substituto, es necesario encontrarse en alguno de los supuestos que señala la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que debo precisar, por orden jerárquico, se encuentra por encima de cualquier ordenamiento municipal.

Los escenarios en los que son posibles los nombramientos de presidentes municipales substitutos en Jalisco son:

Por falta absoluta del presidente municipal, interdicción definitiva (sentencia judicial) legalmente declarada, revocación de mandato (figura reconocida por la normatividad estatal), o por destitución del cargo por violaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos (juicio político).

Por lo que se afirma que la salida de un alcalde, y en consecuencia, el nombramiento de un presidente municipal substituto, no es viable al no encontrarse en ninguno de los supuestos que la propia norma establece. Legalmente, los jaliscienses estamos impedidos de tener a un alcalde substituto como resultado de un proceso de Ratificación de Mandato.

En conclusión, la ratificación de mandato es un ejercicio sin sustento legal, no aporta ninguna utilidad, es un gasto innecesario, no se trata de un acto democrático y mucho menos se trata de una herramienta de participación ciudadana con principios de igualdad, de derecho ni legalidad. Por si fuera poco, sus resultados no son vinculantes y está impedido para aplicar el cese del Alcalde si éste resultara reprobado.

En todo caso, se trata de una evaluación que convenientemente el Ayuntamiento hace de sí mismo con el objeto de medir su popularidad, de promoción política del presidente municipal y de ninguna manera se  trata de un acto en defensa del poder del pueblo.

Quiero señalar que la intención de este texto –amable lector–, es poner en la mesa de discusión, un tema de gran relevancia para nuestra sociedad, para nuestra democracia. No se trata exclusivamente, de manera aislada, solo la farsa en la Ratificación de Mandato. En el fondo, cabe reflexionar que la gravedad es mayor en la medida en que: “se malversan los principios torales de la democracia, como lo es la participación ciudadana, eso es lo que irrita”

Miriam Leticia Sánchez Muñoz es Politóloga y ejerce su profesión en la Consejería General del Poder Ejecutivo como Analista de Asuntos Públicos. Es miembro del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A.C.

Twitter: @Miri_Politologa

Las opiniones son de carácter estrictamente personal y no reflejan necesariamente el punto de vista del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C.

Bibliografía:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Guadalajara

Listado Nominal INE / https://www.ine.mx/padron-electoral-lista-nominal-elector

 

 

 

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2 comentarios

  1. 1.- El municipio es libre de acuerdo al 115 Constitucional, recibe partidas presupuestales (ramo 33 y 28 principalmente) además recauda impuestos y los puede usar, en lo que le convenga.
    2.- Federalismo. No puede existir un atentico federalismo si vamos a suponer que solamente los instrumentos derivados del orden estatal o federal tienen validez en sí mismos y denostamos las acciones municipales tildándolas “per se” de negativas.
    3.- El reglamento de participación ciudadana así lo establece, de nuevo es un asunto de autonomía. Nos podrá parecer irracional (juicio subjetivo), pero la razón y la ley no tienen por qué ser lo mismo. ¿Entonces si yo estoy parado en un semáforo a las 2 de la mañana y no hay ningún vehículo con el cual pueda chocar debo pasarme el semáforo por que me parece irracional respetar la ley en ese caso?. La participación de todos, de ninguno o de pocos es un tema reglamentado, me parece delicado además de no contribuir a la cultura del federalismo también comenzar por denostar reglamentos, “porque no nos gustan”.
    4.- 3 millones de un presupuesto de 5 mil millones no es honeroso lo de irresponsable e innecesario son calificativos bastantes subjetivos. 3 millones representan el 0.06% del presupuesto total de Guadalajara. Es como tener en la bolsa 500 pesos y gastarte 60 centavos, no lo veo como despilfarro ni aun cuando lo gastaras en algo innecesario; por lo tanto no me parece irresponsable. El alcalde no tiene por qué utilizar forzadamente al IEPC porque por encima vez, para eso existe el federalismo en este país.
    5.- Vuelvo a insistir el código electoral de participación ciudadana e incluso la misma constitución del Estado de Jalisco, no están por encima de la autonomía municipal. ¿Entonces en las elecciones federales el INE (órgano Federal) es Juez y Parte? ¿En las elecciones locales para gobernador las autoridades estatales (los OPLE´s) en este caso el IEPC es juez y parte también? El argumento no se sostiene.
    6.- Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, “el municipio libre”, conforme a las bases siguientes:
    I (…) Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
    (…) En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
    Concluyo con un sólo argumento de mi parte: Si el acto es ilegal, que intervenga la autoridad correspondiente y tome las acciones necesarias castigando a quien corresponda.

    • Miriam Sánchez

      Estimado Víctor,

      Agradezco la lectura a mi artículo. En principio me gustaría dejar claro que mis posición y voz se encuentran plenamente expresados en mi calidad de ciudadana (los ciudadanos somos todos los que gozamos de ciudadanía, entendida como un estado y no como una simpatía o militancia en el Partido Movimiento Ciudadano) eso lo sabemos los politólogos.

      He leído cuidadosamente cada uno de tus puntos, y me parece que algunos podrían ser materia de discusión hablando de esferas de poderes, competencias y atribuciones de órdenes de gobierno. Algunos otros no requieren discusión debido a que -guste o no- nos regimos bajo un marco legal que se entiende por jerarquías, por poner un ejemplo la “Ley del Gobierno y Administración Municipal del Estado de Jalisco” tiene en su nombre, la lógica que regula. De ninguna manera he denostado los ordenamientos municipales con el argumento de simpatías “si me gusta o no” por el contrario, he fundado cada uno de mis calificativos.

      El tema del gasto público innecesario lo defendería aunque se tratara de $1.00, justificar el gasto millonario mal ejercido, por tratarse de un porcentaje reducido de toda la bolsa de presupuesto, me parece, con todo respeto, descarado. Es como justificar al político que roba, porque roba “poquito”. Hay valores y derechos que son o no son, se tiene o no se tienen; se otorgan o no se otorgan.

      La intervención del INE y del IEPC en las elecciones constitucionales son legítimas y necesarias, y bien sabemos (politólogos y no politólogos) que hablamos de Organismos Autónomos con todo lo que eso conlleva. Me sorprende de sobremanera tu argumento de intromisión de éstas instituciones electorales (juez y parte).

      El art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta tan amplio que, en las fracciones que de manera atinada citas, indica que habrá leyes secundarias que regirán los supuestos. Exactamente por esa razón, la Ley Estatal (LGyAPMEJ) de manera concreta y específica indica el proceso y los escenarios por los que habría un presidente municipal substituto y la ratificación de mandato no es razón de este supuesto. No es que a mi me guste o no, ni si quiera que yo lo diga, es lo que nos indican nuestras reglas vigentes.

      Finalmente, concluyo con la idea de que las autoridades y los afectados hagan lo que deban.

      La libertad de expresión es un derecho y los politólogos y todos debemos ejercerlo, más aún, tratándose de defender los principios torales de la democracia.

      Saludos, Víctor!

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